Con el impuesto a los dividendos de las empresas de zonas francas, incluido en el proyecto de reforma fiscal, que generaría unos 175 millones de pesos para el próximo año, el Gobierno pone en riesgo más de 50 mil millones de pesos que de acuerdo con estudios especializados aporta anualmente ese sector a la economía nacional.
La advertencia fue hecha por el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Aquiles Bermúdez, durante el encuentro que reunió en Santo Domingo a representantes de 582 empresas nacionales y extranjeras que resultarían afectadas directamente por unas cincos medidas propuestas en el proyecto tributario sometido al Congreso.
«Por una recaudación tan reducida, se pondría en peligro ingresos directos a la economía de más de 50.000 millones de pesos anuales, exportaciones de 5.000 millones de dólares y la estabilidad laboral de 135.000 trabajadores directos de los que dependen más de 80.000 familias dominicanas», expresó Bermúdez al exponer la posición de ADOZONA.
«Pero aun más preocupante es la pérdida de nuevas inversiones, de las expansiones de empresas existentes y de la oportunidad de generar 100.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años en consonancia con el anunciado propósito del presidente Danilo Medina de crear unas 400 mil nuevas plazas de trabajo», apuntó el empresario.
Señaló que las medidas del paquete fiscal que afectan al sector zonas francas tendrían una percepción negativa que desalentaría la producción nacional y alejaría la inversión extranjera.
«Debemos recordar que el sector de zonas francas llegó a emplear 195.000 trabajadores y que actualmente tiene 135.000. Esto quiere decir que de los 100.000 empleos que podemos crear en los próximos cuatro años, la infraestructura de las zonas francas puede acoger a unos 60.000 empleos adicionales sin tener que hacer nuevas inversiones. Ningún sector de la economía nacional tiene el potencial de crear tantos empleos con tan poca inversión en tan poco tiempo», puntualizó.
Otras preocupaciones del sector
El dirigente empresarial se refirió también a un segundo aspecto de la reforma que contempla un impuesto a las ventas de zonas francas al mercado local, el cual aumentaría del 2.5% al 5.0% sobre las ventas brutas de las empresas. «Nuestra asociación ve este impuesto muy alto ya que presume un margen neto de beneficios mínimo del 20% y esto paralizaría el 100% de las ventas al mercado local, las cuales serían sustituidas por importaciones de otros países en detrimento de la mano de obra local y de recaudaciones de impuesto sobre la renta por el estado de esas ventas», indicó Bermúdez.
«Es importante tomar en cuenta que para fines del cálculo de los aranceles de los productos vendidos en el mercado local, no se debe considerar el valor agregado nacional, lo cual además es prohibido por la Organización Mundial de Comercio (OMC), y se debe aplicar las mismas tasas arancelarias que se les aplican a los bienes importados a República Dominicana tomando en cuenta los tratados de libre comercio, basados en el principio de trato igualitario», expresó.
Aquiles Bermúdez sostuvo que las empresas de zonas francas también están preocupadas por la propuesta de eliminar la exención del Impuesto Selectivo al Consumo a los Hidrocarburos para uso y establecimiento de un sistema de «DrawBack», que elevaría los costos operativos del sector. Otra medida que tendría un impacto negativo en el sector si no se reglamenta adecuadamente, de acuerdo con Bermúdez, sería el establecimiento de trámites burocráticos adicionales que afectarían la operatividad del Consejo Nacional de Zonas Francas.
Luego de las palabras del presidente de Adozona y de la presentación de un estudio sobre el impacto económico y social de las zonas francas, a cargo del licenciado José Manuel Torres, representantes de diversos parques industriales expusieron sus inquietudes sobre el tema y reclamaron la unidad de todos los sectores que pudieran ser afectados por los nuevos gravámenes, incluidos los trabajadores y las comunidades de las 27 provincias donde operan.
