Miembros de la familia Cuevas de Barahona denunciaron que el Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, dio instrucciones al Procurador Fiscal de la Provincia de Barahona, Lic. Iván Ariel Gómez, para que se abrieran las operaciones de una mina de yeso que habían sido paralizadas por mandato de una sentencia judicial el pasado día 11 de junio.
La paralización de la mina –ubicada en el municipio de Salinas de Barahona– fue hecha por disposición de la sentencia civil No. 2015/00040 de fecha 29/05/2015, dictada por la Cámara civil, comercial y de trabajo de la corte de apelación del departamento judicial de Barahona, que ordena la paralización de los trabajos de explotación y extracción de material de yeso en la mina que opera la empresa Inversiones BanSai, SRL, dirigida por los empresarios venezolanos Emilio Berrizbeitia Aristequieta y José Vicente Rafael Melo López.
Denuncian que el pasado día 19 de junio se presentaron a la mina clausurada, personalmente el Procurador Fiscal de Barahona, Lic. Iván Ariel Gómez, el director regional Sur de la Policía Nacional, General Ramón Ciriaco Núñez, y el Comandante de Policía de Barahona, Coronel Menéndez, acompañados de un contingente policial de más de 50 Policías, quienes solo se limitaron a decir que actuaban por órdenes superiores tanto de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional y de manera arbitraria e ilegal, y sin ninguna decisión judicial que lo ordenara, procedieron a abrir y e introducir al personal de la empresa para que sacaran más de 50 camiones de yeso.
Informan que no obstante a que previamente se le había notificado mediante acto de alguacil al Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, y al Jefe de la Policía Nacional Mayor General José Armando Polanco Gómez, de la ejecución de la indicada sentencia y notificación de advertencia a que se abstuvieran de prestar el auxilio de la Fuerza Pública, para que no sea desacatada la orden judicial, se hizo caso omiso, ya que colocaron un contingente policial en la entrada del área para impedir el paso a toda persona ajena a la empresa, la cual está operando de manera normal, bajo el apoyo de la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional.
La familia denuncia que la empresa tiene tanto poder e influencia, que el pasado viernes 3 de julio se realizó a requerimiento de estos una reunión en el municipio de La Lista, de Barahona, a la cual asistió la Procurador Fiscal de Barahona, Lic. Iván Ariel Gómez; el director regional Sur de la Policía Nacional, General Ramón Ciriaco Núñez; el General Domingo Medina Méndez, comandante de la 5ta. Brigada del Ejército Nacional, un representante del Gobernador de Barahona Pedro Peña Rubio. En la reunión se acordó que la Procuraduría y la Policía Nacional coordinaban la apertura de la mina, esta información consta en una publicación de un diario digital, que así lo reseña.
La familia denuncia que ha sufrido todas estas arbitrariedades por parte de la empresa Inversiones BanSai, SRL, dirigida por los empresarios venezolanos Emilio Berrizbeitia Aristequieta y José Vicente Rafael Melo López, con el apoyo de todas las autoridades civiles, del Ministerio Público, como policiales y militares de la provincia de Barahona, quienes se han prestado a dar apoyo a este empresa, para que con la mirada impotente de esta familia se viole, se desacate y se pisotee una decisión judicial. Los perjudicados lo atribuyen al gran poder y la influencia política y económica que se mueve en este caso.
Hacen un llamado al Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, para que intervenga en este caso, y ordene a las autoridades que sean respetadas las sentencias judiciales, y dejen que la Poder Judicial sea quien decida.
