Trece entidades fiduciarias del país celebraron la primera junta directiva de la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), la cual velará por el sano ejercicio de la actividad económica que realizan, promoviendo el uso del fideicomiso como instrumento financiero para el desarrollo de la nación.
En su reunión, la junta directiva de la nueva asociación decidió que estará presidida por Andrés Ignacio Rivas Pérez, gerente general de Fiduciaria Popular, y Gustavo Vergara Restrepo, vicepresidente ejecutivo de Fiduciaria BHD, en calidad de vicepresidente.
El resto de la junta directiva está conformado por Roberto Millán Pérez, gerente general de Fiduciaria Universal, que desempeñará el cargo de secretario de la organización; y Jaime R. Mota Cabral, vicepresidente del Área de Fideicomiso del Banco del Progreso, que ejercerá como tesorero.
Como vocales fungirán los señores Evelyn Chávez Bonetti, presidente de Fiduciaria GE & E, S.A.; Laritza Landrón, gerente legal de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; y César Augusto Díaz Rodríguez, gerente general de Fiduciaria Reservas, S.A.
Conforme a su acto constitutivo, la entidad tendrá la potestad de representar a todos los miembros en los actos o eventos nacionales e internacionales. Asimismo, tendrá la facultad de ser la voz oficial del sector en los distintos escenarios, actuando dentro marcos legales y éticos que contribuyan al desarrollo sostenible del país.
ASOFIDOM colaborará con las autoridades reguladoras en el estudio y expedición de las normas que administren la actividad fiduciaria, así como en estudios intersectoriales e investigaciones que contribuyan al desarrollo del negocio fiduciario.
Además, como parte de su rol gremial, fomentarán la promoción del sector, a través de la realización de actividades conjuntas, como seminarios, congresos, foros o convenciones, que procuren difundir el conocimiento y desarrollo del negocio fiduciario, tanto en el plano local como internacional.
La nueva asociación tendrá a su cargo la creación de un código de ética para normar las prácticas de las entidades participantes en el sector.
