¿Cómo impacta el marco jurídico dominicano en el sector turismo? No cabe duda de que, a lo largo de los años, el régimen jurídico instaurado en República Dominicana ha contribuido al desarrollo y crecimiento del turismo, lo que ha generado confianza, seguridad e interés para la inversión nacional y extranjera, y se ha traducido en un notable éxito para el sector.
Entre los pilares jurídicos que incentivan la inversión, tanto nacional como de fuera, destaca la Ley núm. 158-01, de 2001, modificada por la Ley núm. 195-13, de 2013, cuyo objetivo principal es fomentar el sector turístico en todo el territorio nacional.
La legislación dominicana no solo ha establecido un régimen especial para el turismo, al otorgar incentivos fiscales, sino que también ha creado un marco legal para la organización territorial. En este sentido, cabe citar la Ley núm. 368-22, de 2022, cuyo objetivo es el ordenamiento territorial y el uso del suelo en República Dominicana, en los distintos niveles del ámbito político-administrativo. Su reglamento de aplicación fue promulgado mediante el Decreto presidencial núm. 396-25, el 21 de julio de 2025.
Con esta ley y su reglamento se establece un marco regulatorio para el ordenamiento del territorio a escala nacional, que impulsa el diseño y la gestión de los gobiernos locales, en coordinación con el Ministerio de Turismo, con el fin de garantizar la continuidad del desarrollo turístico en todo el país.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó recientemente de un crecimiento del 15.3 % en la inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2025, impulsado mayoritariamente por el turismo.
Este dinamismo refleja el interés de empresas y fondos de inversión —en especial españoles y norteamericanos— en invertir en el país, así como la fuerte presencia de franquicias hoteleras globales como Marriott, Hyatt, Hilton e Intercontinental (IHG), entre otras.
Ese respaldo a República Dominicana responde a la existencia de una democracia consolidada, un Estado de derecho, el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica que ofrece el país. La más reciente reforma constitucional y la promulgación de un nuevo Código Penal apuntan en esa dirección. Este último incorpora nuevos tipos penales adaptados a la realidad social y a la evolución de las tecnologías en el ámbito global.
Consideramos necesaria la creación de una mesa de trabajo encabezada por
los principales sectores del país, tanto públicos como privados, para analizar las necesidades prioritarias del sector y consolidar una nueva etapa del desarrollo turístico nacional. Este plan de desarrollo, con un horizonte mínimo de 10 años, debe buscar la sostenibilidad de un sector altamente competitivo a escala internacional, atraer nuevos segmentos de mercado y aumentar el gasto promedio por turista.
En este contexto será imprescindible modificar la Ley Orgánica de Turismo —que data de 1969— y, que después de 56 años, requiere una profunda actualización.
La legislación dominicana no solo ha establecido un régimen especial para el turismo, al otorgar incentivos fiscales, sino que también ha creado un marco legal para la organización territorial. En este sentido, cabe citar la Ley núm. 368-22, de 2022, cuyo objetivo es el ordenamiento territorial y el uso del suelo en República Dominicana, en los distintos niveles del ámbito político-administrativo.
Hay retos y oportunidades por delante. ¡Manos a la obra!
