La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) valoró positivamente la decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) de dejar sin efecto la resolución número 7, del pasado 7 de noviembre, que establecía ajustes a las tarifas de diversos servicios de verificación que realiza esa dependencia estatal.
La Junta Directiva de ADOZONA definió la medida como una oportuna señal de la voluntad del Gobierno que preside el licenciado Danilo Medina de propiciar condiciones adecuadas para el fortalecimiento de los sectores productivos, consecuente con su anunciado propósito de incentivar la inversión privada y crear 400 mil nuevos empleos.
“Al tiempo de reconocer el gesto de la Dirección General de Aduanas de revocar los citados aumentos tarifarios, nuestra asociación desea reafirmar el compromiso de seguir impulsando el crecimiento del sector Zonas Francas a través de nuevas inversiones y la ampliación de las operaciones ya existentes”, expresa una declaración suscrita por Aquiles Bermúdez, presidente de ADOZONA.
La entidad empresarial invita a las instituciones del Gobierno que inciden en el proceso económico a emular la coherente vocación puesta de manifiesto por el presidente Medina de consultar a los sectores productivos a la hora de adoptar medidas que pudieran afectar el objetivo común de crear condiciones propicias para la inversión nacional y extranjera y ampliar las oportunidades de empleos en todo el país.
ADOZONA resaltó que el presidente de la República creó la mesa presidencial para el seguimiento de los resultados del 2do. Congreso Industrial, la cual se ha constituido en un organismo dinámico en la concretización de medidas dirigidas a mejorar la competitividad de la industria y las zonas francas.
La disposición de Aduanas, comunicada por su director general Fernando Fernández, establece que a partir de la nueva disposición quedan en vigencia plena las tarifas que regían con anterioridad a la resolución 7 del 2012.
La resolución, que aparece publicada en la página web de la Dirección General de Aduanas, afectaba las tarifas relacionadas con servicios de verificación a destino, verificación de origen, tránsitos aduaneros internos de mercancía, tránsitos internacionales, traslados y traspasos de mercancías amparadas en regímenes aduaneros especiales, así como las incineraciones y destrucciones de mercancías.
