Exposición del Dr. Servio Tulio Castaños en la XLIV Conferencia de Otoño “Dr. Elizardo Pérez Espinosa”

Agradezco muy sinceramente el honor  que me confiere el Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple “R” del Honorable Club de Leones  al invitarme a ocupar este podio en el marco de su cuadragésima cuarta Conferencia de Otoño dedicada al Doctor Elizardo Pérez Espinosa”

Para todos los dominicanos adultos especialmente los de mi generación resulta una gran distinción coincidir con los miembros de esta importante organización, cuya trayectoria de bien, su vocación y su constancia para apoyar las mejores causas humanitarias y sociales en nuestro país se constituyen en un modelo de trabajo al servicio de la comunidad.

Debo reconocer de entrada que a pesar de tener constancia y conocimiento de la gran labor que cotidianamente ustedes realizan, no tenía un conocimiento profundo de la filosofía, la mística y los principios básicos que orientan su trabajo y su organización. Pero en la medida en que he avanzado en su conocimiento deseo manifestarles que he quedado sorprendido por la coherencia, la profundidad y la pertinencia de las ideas que orientan a los Clubes de Leones.

Podría decirles incluso, sin ánimo de alabanza gratuita que no es mi intención, que si en este país los funcionarios públicos que elegimos cada cuatro años asumieran uno solo de sus documentos fundamentales, como lo es su código de ética, la República Dominicana hubiera salido de su condición de país en desarrollo y donde la pobreza sigue jugando el triste rol de protagonista de nuestra dinámica social.

Me han pedido que me refiera a cómo percibo el fenómeno de la corrupción en el país y que vías tenemos para solucionar gradualmente el daño que provoca en toda la sociedad. En general, al referirme al tema, prefiero hablar de transparencia. Porque la Transparencia es la condición o el ambiente que se requiere para progresar, vivir en paz y dando la posibilidad de que cada ser humano alcance sus metas de manera plena y efectiva. No queremos corrupción, pero para ello tenemos que construir una cultura de paz.

Pero antes de expresarles mis posiciones al respecto, me gustaría lanzar algunas preguntas al aire, que podrían  servir como orientadoras de esta conversación.

¿Cuál es la magnitud de la corrupción en el país?

¿Cómo aborda el Estado dominicano el combate contra la corrupción?

¿Hemos avanzado en castigar a las personas que han cometido delitos en actos sancionados por las leyes? O sea, ¿es eficaz el sistema de justicia para investigar, acusar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos?

¿Cómo podemos construir una cultura de la transparencia en el país y como se relaciona con el logro de un mejor nivel de desarrollo económico y social?

Me anima venir a conversar con ustedes sobre estos temas. Nunca antes fue tan necesario para todos los sectores del país la búsqueda sincera de la verdad, en un ambiente de diálogo pleno y con actitud fraterna, para aproximarnos al diseño de soluciones sostenibles, justas y humanas de nuestros problemas.

Vivimos una crisis aguda de la institucionalidad dominicana, que se expresa en vacíos, confusiones, distorsiones y un constante divorcio entre el discurso y la práctica de las instituciones y las autoridades con relación a cómo encarar nuestro futuro y determinar las prioridades del país.

Nos preocupan las señales que indican la gravedad de muchos problemas: la intolerancia que reina en la discusión de los temas sociales, económicos y políticos; la falta de voluntad para escuchar las posiciones diferentes y la descalificación de los contrarios.

Nos preocupa asimismo que muchos líderes y dirigentes sociales no estén sintonizados con las necesidades de las mayorías del país. Han crecido las relaciones  asimétricas entre los actores y las personas, es decir, relaciones basadas en desigualdades sociales, fruto del poder económico, político, o social, lo que incluye la corrupción y otros delitos similares.

Nos inquieta que los propios mecanismos institucionales creados por las leyes sean ignorados por algunas autoridades, actuando con actitudes de dueños de la verdad, en lugar de ser dirigentes, conductores sociales y líderes a los que las comunidades, hombres y mujeres sencillos, les han dado poder para representarlos.

Vivimos en un país que debería estar en una mejor posición y que sin embargo está en muchos últimos lugares en índices sociales importantes a escala mundial. Esto contrasta con las reformas introducidas en los últimos años, en la búsqueda de superar las brechas que la desigualdad, la intolerancia y el autoritarismo crearon en nuestra historia.

¿Cuál es el fruto de todos estos cambios, vistos desde la perspectiva de nuestra situación en el mundo?

Veamos un poco de ese panorama que nos sitúa en el mundo globalizado y que lamentablemente vemos con indiferencia:

En el último Informe de Competitividad global, observamos que el país se encuentra entre los 25 países con menor índice de institucionalidad, de los 148 evaluados.

Asimismo aparecemos con las siguientes estadísticas negativas:

• Somos el Sexto país del mundo donde más fondos públicos se desvían hacia áreas ilegales, tanto para causas personales como para fines de mantener el sistema político vigente, basado en el clientelismo, el populismo y el tráfico de influencias. 

• Somos el Tercer país del mundo donde el los gobiernos (sin importar el partido que ocupe el Poder Ejecutivo) toma la mayoría de sus decisiones basadas en el favoritismo (tenemos una puntuación de 1.9 de un total de 7 puntos).

• Estamos entre los diez últimos países del mundo con mayor dispendio y desperdicio de gasto público, es decir donde los recursos públicos se invierten sin una racionalidad ni control como los que exhiben los países desarrollados y prósperos del mundo (2.1/7).

• En cuanto a la Prestación de servicios públicos: el exceso de burocracia y papeleo, la lentitud en los servicios y pobre pro actividad en el Estado, dañan la competitividad y la atracción de inversiones. En el informe Doing Business 2014, se señala que un permiso de construcción conlleva un proceso que dura 216 días, incluso bajo la suposición de que se cuenta con toda la información, que no se han usado canales informales con los funcionarios y oficiales del Estado y sin que medie algún tipo de soborno. Este número sobrepasa con creces las cifras de otros países de la región, como Colombia, México y Panamá, donde dicho proceso es llevado a cabo en un margen de 54, 82 y 99 días respectivamente. 

• En cuanto al Sistema de justicia: la inversión estatal en el país en justicia es una de las más bajas de toda América Latina. Todos los gobiernos no han cumplido las leyes que consagran la autonomía presupuestaria de los órganos de la justicia sin ninguna consecuencia. Esto contribuye a la mora judicial, violaciones al derecho de defensa, personal poco capacitado, congestionamiento del sistema, entre otras cosas, afectando gravemente a la economía y otros aspectos sociales esenciales. Por ello el país aparece entre los 20 países en todo el mundo con la menor independencia en el Poder Judicial (2.4/11).

• Cuando evaluamos la calidad de los servicios públicos y su grado de independencia ante presiones políticas, así como la calidad de la formulación e implementación de políticas públicas y la credibilidad del compromiso del gobierno ante las mismas, nos damos de bruces con la precaria realidad de nuestro país. Los estudios del Banco Mundial le otorgan, en esta categoría, una puntuación de 35% en comparación con los demás países.

• El grado de seguridad jurídica de un país está directamente relacionado con su capacidad para atraer inversiones y por ende, en el desarrollo de la población. Ella es garantía del orden público y de la previsibilidad de las expectativas de comportamientos y consecuencias jurídicas de las acciones. Además, da certeza a los ciudadanos de que el Estado no actuará arbitrariamente, irrespetando las reglas de juego que él mismo, en consenso con la sociedad, ha establecido.

• Según los indicadores del Banco Mundial, la seguridad jurídica en nuestro país se limita a un 30 por ciento en comparación con los otros países del globo. La debilidad del Estado dominicano en los elementos abordados tales como seguridad ciudadana, sistema de justicia, control y fiscalización de los órganos del Estado y calidad de los servicios públicos), denota a su vez un bajo grado de seguridad jurídica. Por ende, el fortalecimiento de las instituciones de un Estado debe ser uno de los puntos principales a tomarse en cuenta a la hora de elaborar cualquier reforma.

En este mismo sentido, los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial señalan que las percepciones sobre el control de la corrupción en nuestro país se reducen a un mínimo 23%, en comparación con los demás países.

Los efectos nocivos de la corrupción se extienden a toda la sociedad.

Si todavía nos faltan datos para entender la magnitud del problema, escojamos un sector social y veamos cuál es el panorama que tenemos. Un ejemplo magnifico para ello lo constituye el sector de la juventud, por el que todos nosotros trabajamos:

• La tasa general del país de desempleo total es 15%, mientras que entre los jóvenes de 15 a 24 años es 31%, es decir, el doble y continúa ascendiendo. Gran parte de los empleos que tienen son de mala calidad, caracterizados por la baja remuneración y limitado acceso a la seguridad social.

• La situación de las mujeres jóvenes es aún más precaria, puesto que se ven relegadas a las formas de empleo más vulnerables, sin ningún tipo de prestaciones y seguridad laboral. Además, los puestos en los niveles más altos siguen obteniéndolos los hombres; la diferencia es abrumadora.

• La probabilidad de los jóvenes de 15 a 19 años de completar la educación básica es bastante desigual. En la zona urbana, un 18.4% de los jóvenes no alcanza el octavo grado y en la zona rural, un 32.2%.

• Entre el 25 al 30 por ciento de las mujeres menores de 19 años han estado embarazadas. El 20 por ciento de la mortalidad materna ocurre en jóvenes entre 13 a 19 años.

Todos estos problemas tienen solución en el marco de políticas públicas y programas estatales que requieren  cuantiosos presupuestos y recursos que en su mayor parte el país dispone. Salen de nuestros impuestos y nos avergüenza reconocer que en una proporción importante se pierden en los caminos de la corrupción.

Las modalidades de corrupción implican el ejercicio de los poderes públicos en beneficio de intereses privados, así como la captura de las elites estatales para favorecer a proyectos de particulares. En esas condiciones, y mientras persistan las graves crisis de sectores claves de la economía y la sociedad, la seguridad jurídica seguirá siendo una incógnita, ya que el futuro en este país depende en ocasiones de decisiones que se toman fuera de las instituciones del sistema democrático, lo que reduce la credibilidad del país para atraer inversiones extranjeras o bien para estimular que los dominicanos inviertan sus ahorros y recursos en el país y no emigren al extranjero para poner sus negocios.

¿PODEMOS COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y OTROS MALES QUE NOS AFECTAN?

Desde 1994 el país viene realizando diferentes reformas en el marco institucional, en la constitución, las leyes y reglamentos.

Pese a las reformas, los órganos de control del Estado están lejos de cumplir con las responsabilidades que le asignan la Constitución y  las leyes. Se han convertidos en instituciones que pese a que la Constitución les da autonomía y capacidad para actuar en ese sentido, la mayoría de las veces se autolimitan y se reducen a ejecutar labores meramente administrativas, olvidándose de sus facultades para activar mecanismos de sanción ante las faltas cometidas por los órganos sujetos a su jurisdicción.

Pasemos revista, aunque sea muy rápidamente, a la situación de algunas de las principales instituciones nacionales, para comprobar sus capacidades de acción:

Empecemos con el Poder Legislativo, el más importante de los órganos de la República, el cual arrastra las debilidades muy notorias:

• La Falta de control de las actuaciones de los demás poderes públicos, como es el caso de la Cámara de Cuentas.

• Vemos la forma como el barrilito y el cofrecito han desnaturalizado la labor primordial de los legisladores, quienes se han dedicado en la mayoría de los casos a competir con los órganos del Poder Ejecutivo responsables de la promoción de la salud, la educación y la asistencia social.

• Las oficinas de representación de los legisladores en la mayoría de las provincias se han convertido en la práctica en centros de campaña electoral adelantada.

• Las investigaciones que el Congreso debe realizar para el mejor control del uso de los fondos públicos, la ocurrencia de excesos y abusos en el ejercicio del poder de los funcionarios públicos o su falta de diligencia, brillan por su ausencia.

Nos preocupa sobre manera la situación del sistema de justicia, que sigue adoleciendo de múltiples carencias e impide el acceso de la mayoría de la población  a sus servicios, como lo plantea la Constitución.

Vemos con mucha preocupación que las instituciones del sistema de justicia se hayan convertido en las cenicientas del Estado. Faltan por instalar más de 100 tribunales en diferentes jurisdicciones, como las de niños, niñas y adolescentes, el área laboral y de tierras. El país cuenta con los índices más bajos en materia de servidores judiciales per cápita y defensores públicos por cada 100 mil habitantes. Los derechos de los más pobres e indefensos quedan todavía en el desamparo, porque el Estado no ha podido crear mecanismos operativos para apoyar a las víctimas.

Nos inquieta el hecho de que el sistema de justicia no ha podido vencer el círculo vicioso de la impunidad. Pese a los avances registrados desde hace 15 años en profesionalización e independencia externa de los jueces, aún es muy difícil que funcionarios corruptos hayan sido condenados por los tribunales. La impunidad se ha transformado en el peor escollo para dotar de transparencia a la administración pública.

Como ha resaltado hace apenas dos días un importante medio de comunicación nacional, “en el país se han presentado más de 225 casos de corrupción en el Estado en los últimos 25 años, con escándalos nacionales e internacionales y menos de cinco expedientes han tenido condena en los tribunales, frustrando el interés de los sectores de la sociedad que aspiran a que la impunidad sea erradicada. No aparece una sola institución dominicana exenta de corrupción en todo este tiempo y desde el Estado se incurre en corrupción con medicamentos falsificados, con compras sobrevaluadas, con la entrega de contratos sin licitación y con sobornos para gestionar pagos.”

En el Ministerio Público observamos que, aunque en los últimos diez años ha incrementado su carácter profesional, muchas de sus actuaciones siguen siendo insuficientes para generar las acusaciones penales que se requieren.

A lo anterior se le suma la incapacidad de coordinación interna en los órganos del sistema de justicia, lo que provoca constantes choques en la labor de investigación, control y persecución de los crímenes y delitos. Ha sido más que evidente la resistencia de la Policía Nacional de someterse a los dictados de la ley, que atribuye al Ministerio Público la dirección de la investigación penal y coloca a los agentes policiales en la obligación de seguir las directrices de los fiscales en cada caso.

Donde más se evidencia esta falta de transparencia y calidad de las instituciones es en el sistema de la seguridad ciudadana. Por un lado hemos dejado a la Policía Nacional en una situación de práctica indefensión, sin recursos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. Lo peor es que hemos creado un sistema para despojarle de la dignidad, porque ser Policía en la actualidad es casi sinónimo de desempeñar una de las funciones peor pagadas y consideradas en el Estado.

A veces no se observa que detrás de la ineficiencia policial, su falta de transparencia y sus deficiencias profesionales, existe un Estado que no invierte en la capacitación de sus miembros, que le obliga a comprar sus uniformes y pertrechos, que le niega el derecho a perfeccionarse y no le deja otra opción que usar los mecanismos del clientelismo como la única vía para su superación. Por eso no es de extrañar que casi la mitad de sus miembros se encuentren desempeñando tareas ajenas a las que ordenan su estatuto, misión, leyes y reglamentos, cautivos de intereses particulares que aprovechan los recursos públicos para resolver sus necesidades.

En esta misma dirección, no causa asombro el deterioro institucional del sistema de partidos políticos. Encontramos que estas estructuras, llamadas a convertirse en los guardianes de la transparencia y la vía privilegiada de representación de la ciudadanía en los órganos del poder, han ido perdiendo su legitimidad y se les percibe, tal como registran las principales encuestas, como uno de los factores en la inestabilidad, ingobernabilidad y la existencia de prácticas de corrupción en la administración pública.

Otro elemento muy perturbador es la irrupción del crimen organizado en las instituciones públicas, especialmente en los órganos de persecución, inteligencia y control del tráfico de drogas. Esto es sencillamente alarmante. El país se ha convertido en un puente de tránsito de drogas de los carteles internacionales y la presencia del lavado de dinero representa una grave amenaza para nuestro sistema económico.

A falta de un sistema de consecuencias, se abona cada día el terreno para que florezcan la corrupción y el dispendio de los fondos públicos, en detrimento del bienestar de toda la sociedad.

Por último, aunque no por esto menos importante, abordaremos como elemento final la calidad de la educación y su papel en la creación de una cultura de transparencia e  institucionalidad fuertes. Muchos de los indicadores sociales y económicos seguirán siendo bajos por el pobre desempeño en la educación. Estamos entre los tres últimos lugares en el mundo en materia de educación básica y el octavo puesto entre los diez peores en la educación media, aunque reconocemos que en los últimos meses se realizan esfuerzos para mejorar esta situación.

Una educación deficiente es sinónimo de mano de obra deficiente, incapaz de promover los cambios tecnológicos e industriales que nuestro país requiere.  Además, una población más educada equivaldría a una población con mayores y mejores herramientas para defender sus intereses y presentar propuestas que impulsen el desarrollo político,  económico y social del país.

En este escenario, pese a los avances normativos recientes y los cambios institucionales que mencionamos, los factores que obstaculizan nuestra competitividad en el mundo globalizado seguirán operando negativamente. Citando al Foro Económico Global, “una economía está bien servida por los negocios que se manejan con honestidad, donde los administradores se rigen por prácticas éticas fuertes cuando trabajan con el gobierno y otras firmas, así como con el público en general.”

Revertir la situación que hemos descrito representa una alta prioridad nacional cuya vía idónea de solución es la actuación en conjunto del Estado, el sector empresarial y la sociedad en general.

CONCLUSIONES

Pese a todas las dificultades enumeradas, mantenemos la confianza, la fe y la esperanza de que con el paso del tiempo las reformas institucionales que se han emprendido den los frutos esperados para combatir la impunidad y castigar a los corruptos.

Valoramos que en la actualidad la responsabilidad que se cierne sobre nuestros hombros se ha multiplicado. Debemos ser, cada uno en sus diferentes ámbitos,  agentes de cambio y transformación.

Transitamos hacia nuevos retos y desafíos, y debemos colocar la vista en el horizonte. Sabemos que no podemos dejar solos a los políticos para conducir de manera autónoma los grandes intereses de la nación.

Los dominicanos y dominicanas debemos orientar nuestro comportamiento en función de valores superiores, los que están encarnados en las mejores tradiciones de lucha por nuestra identidad.

Valoramos que el Club de Leones juega un rol estelar para resolver muchas deficiencias en servicios que el Estado está obligado a prestar a la población, pero con mucha humildad les sugiero que se vean sobre todo como promotores de cambios positivos y realistas, en base a sus principios y valores, de forma que su labor sirva como abono para crear una nueva cultura donde la paz, la verdad, el diálogo, la responsabilidad y la fraternidad nos conduzcan a ser mejores hombres y mujeres, mejores ciudadanos y ciudadanas y sobre todo, mejores seres humanos.

Gracias por la invitación y muchas felicitaciones por el excelente trabajo que desde sus diferentes estructuras realiza el Honorable Club de Leones.