El riesgo de los desastres no solo depende de la posibilidad de que se presenten eventos o fenómenos naturales intensos, sino también de las condiciones de vulnerabilidad que favorecen o facilitan que se desencadenen desastres cuando ocurren dichos fenómenos. La vulnerabilidad está íntimamente ligada a los procesos sociales que se desarrollan en las áreas propensas y por lo general tiene que ver con la fragilidad, la susceptibilidad o la falta de resiliencia de la población ante amenazas de diferentes índoles.
En otras palabras, los desastres son eventos socioambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social del riesgo. Por lo tanto, su reducción debe ser parte de los procesos de toma de decisiones, no solo en el caso de reconstrucción posdesastre, sino también en la formulación de políticas públicas y privadas basadas en la planificación del desarrollo para evitar (o protegernos de) el desastre.
En las últimas décadas, la vulnerabilidad a los impactos de las amenazas naturales ha aumentado en República Dominicana, en especial como consecuencia de una expansión urbana que podría definirse como rápida y sin planificación en relación con las amenazas climáticas temporales. En muchos casos no se han tomado en cuenta las medidas preventivas adecuadas en el diseño de la infraestructura y en el desarrollo de la producción de bienes y servicios, ni en su ubicación, en el control de la calidad de la construcción o en su mantenimiento. Esto debido a la falta de conocimientos sobre el riesgo, por lo que se siguen invadiendo áreas peligrosas, no adecuadas, y sin aplicar las prácticas apropiadas de prevención
y mitigación.
No obstante, el país enfrenta un contexto dinámico en el cual el crecimiento de la población, los procesos de desarrollo, el cambio climático y su incidencia en el comportamiento de las amenazas demandan esfuerzos adicionales por parte de un mayor número de actores, realizados en sinergia para reducir el riesgo de desastres. De ahí la necesidad de prestar mayor atención al conocimiento y análisis de las vulnerabilidades y lograr que la ciudadanía perciba apropiadamente su rol en la manifestación y manejo del riesgo.
De igual manera se detecta la necesidad urgente de contar con espacios permanentes y formales de coordinación, diálogo e intercambio. Reunir a todos los actores y facilitar la implementación de acciones que integren el enfoque de evaluación e intervención inmediata dentro de los procesos de desarrollo de forma coherente y coordinada, así como asegurar una repuesta oportuna y eficaz en situaciones de emergencia y desastres, están entre los retos pendientes.
República Dominicana es una de las naciones de Latinoamérica y el Caribe (LAC) con mayor vulnerabilidad ante múltiples amenazas naturales. En el período 1978-2018 se contabilizaron en el país 62 desastres de grandes escalas (Emergency Events Database: EM-DAT, 2019) y se registraron 2.897 personas fallecidas, 7,2 millones afectadas y un total de US$ 2.882 millones en pérdidas económicas. El Banco Mundial (2015) estimó que el daño anual promedio (AAL por sus siglas en inglés) asociado a desastres llega a unos US$420 millones de dólares, equivalentes al 0,69 % del PIB.
Pensar en los riesgos
Ante el alto riesgo sísmico de nuestro territorio y la proximidad de sufrir uno importante, el país no está preparado ni física, ni psíquica, ni logísticamente para enfrentar un terremoto de magnitud superior a 7,0 grados en la escala de Richter, puesto que la mayor parte de la población dominicana, por no haber vivido la experiencia del último gran terremoto del 4 de agosto de 1946, tiende a subestimar el riesgo sísmico.
Para esto hay que aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y mejorar las prácticas y los mecanismos para la alerta y respuesta, como un plan de emergencia frente a sismos, alerta temprana frente a tsunamis, fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación de recursos humanos y sobre todo una buena estrategia comunicacional de información y orientación al ciudadano.
En ese sentido indicamos que invertir en la reducción del riesgo es un aspecto de orden social que debe ser visto como la forma en que las comunidades se hacen más conscientes de sus eventualidades y asumen de forma autónoma la responsabilidad de manejarlos. Es preciso procurar el control de los riesgos generados como fruto de las actividades del pasado y adoptar estrategias para impedir que en los procesos de desarrollo al futuro, se creen nuevas situaciones de riesgo que pudiesen poner en peligro las condiciones de vida y los recursos de las generaciones futuras, por lo que de esta manera contribuimos al logro de una nación resiliente y más segura.
Dr. Luis Miniño
Abogado
Miniño & Salazar
